Galicia cuenta ya con una nueva Ley de Accesibilidad. Una ley que ha tardado demasiado tiempo en ver la luz y que es fruto del trabajado constante y la insistencia permanente del movimiento asociativo de personas con discapacidad de la comunidad gallega. 

 

Hay que valorar positivamente el hecho de que haya una nueva norma gallega que sustituya la anterior ley de 1997 pero, al mismo tiempo, hay que ser críticos con el contenido de la misma y decir que en algunos aspectos se ha perdido la oportunidad de proponer aspectos novedosos y más avanzados de las que existen en la mayoría de leyes de nuestro entorno. 

 

Una gran parte de la Ley se limita únicamente a reproducir artículos contemplados en normas de rango superior y que ya eran de obligado cumplimiento en todo en territorio del Estado, aunque también se contemplan algunos aspectos de mejora en cuestiones como el acceso al interior de los edificios, tanto los de uso público como los de uso residencial. 

 

Existen, en cambio, otros aspectos manifiestamente mejorables y que no fueron incluidos en la redacción definitiva del texto legal. Cabe citar, por ejemplo, la falta de una mayor concreción en la definición del concepto de “ajustes razonables”, o incluir un porcentaje de reserva de viviendas accesibles en las promociones privadas.

 

Otra cuestión con la que no podemos estar de acuerdo es con el mecanismo aprobado para la “garantía obras de adaptación en viviendas”. Se incluye la posibilidad de establecer un aval y nos tememos que ese método tenga como consecuencia una mayor complejidad a la hora de hacer las adaptaciones correspondientes, una probable ejecución de menor calidad, o la existencia de una menor existencia en el mercado de vivienda accesible. 

 

Se trata, por tanto, de un importante paso adelante, una ley perfectamente homologable e incluso más avanzada en algunos aspectos. Es una Ley fruto de un trabajo de colaboración con el Cermi de Galicia. Nos queda, ahora, un arduo trabajo en el proceso de desarrollo normativo para conseguir que el decreto que desenvuelva esta ley pueda corregir algún aspecto e introducir mejoras necesarias.